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La jueza de distrito Rita Lin ha emitido una orden cautelar de 59 páginas que bloquea temporalmente la decisión del Departamento de Defensa de Estados Unidos de designar a Anthropic como un riesgo de seguridad para la cadena de suministro militar. La resolución judicial califica la medida impuesta por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, como una acción carente de sustento legal y fáctico, representando un triunfo significativo para la empresa creadora del modelo Claude en su disputa con la administración gubernamental.
El conflicto se originó cuando Anthropic se negó a modificar sus cláusulas de uso para permitir que sus modelos de inteligencia artificial fueran empleados en el desarrollo de armas autónomas o en programas de vigilancia masiva dentro del territorio estadounidense. La compañía argumentó que los sistemas actuales carecen de la fiabilidad necesaria para tomar decisiones sobre el uso de fuerza letal sin supervisión humana directa. En respuesta, el Pentágono utilizó un estatuto de compras militares para aplicar una etiqueta reservada habitualmente a la prevención de sabotaje extranjero.
Disputa sobre seguridad, ética y control corporativo en tecnología militar
En su dictamen, la magistrada señaló que los argumentos de seguridad nacional no pueden utilizarse como un mecanismo de represalia contra empresas privadas por sus posturas éticas o políticas. Anthropic había presentado la demanda alegando violaciones a la Primera Enmienda sobre la libertad de expresión y a la Quinta Enmienda por la falta de un debido proceso, argumentando que el veto arbitrario amenazaba con causarle pérdidas multimillonarias en contratos públicos y un daño reputacional severo en el sector corporativo.
Por su parte, el Departamento de Justicia sostuvo durante el proceso que la negativa de una firma proveedora a aceptar términos contractuales estándar genera incertidumbre operativa en misiones de defensa activas. La orden judicial permite a Anthropic continuar prestando servicios y participando en licitaciones del sector público mientras prosigue el litigio de fondo. El caso sienta un precedente relevante sobre los límites del poder estatal para condicionar el diseño de salvaguardas éticas en modelos de uso dual.
Fuente: Reuters
